Reseña Histórica

El 28 de setiembre de 1820 asume como gobernador de la Provincia de Buenos Aires, el Brigadier General D. Martín Rodríguez, dando comienzo a un relevante proceso de transformaciones en el ámbito de la Hacienda Pública, con positivas implicancias en las finanzas de la Provincia y en la economía del país.

Esa reestructuración del sector público bonaerense se logró, en un inicio, con la instauración de tres únicas oficinas encargadas de la administración, conservación y recaudación de las rentas públicas.

Es por ello, que por Decreto fechado el 28 de agosto de 1821, se crea la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería General de la Provincia y la Receptoría General de Impuestos, entes oficiales que continúan vigentes con la única variante del último referido, que funciona actualmente como Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), atento a lo dispuesto por la Ley N° 13.766.

La esencia de la reforma estaba representada por la centralización y metodización de las funciones más importantes de la Administración Pública, es decir el registro y el control de las operaciones que impliquen variaciones patrimoniales, el movimiento de fondos y la recaudación tributaria.

Las funciones instituidas a la Contaduría General quedaron determinadas por el mismo decreto que disponía su creación, asignándole la facultad de "liquidar todas las acciones activas y pasivas, intervenir en toda la receta y pagos del Tesoro y arreglar y metodizar el establecimiento y cobranza de los impuestos.

En esa incipiente organización, el Organismo tenía competencia absoluta en el registro contable de las operaciones, en el control del movimiento de fondos y en la provisión de normas de procedimiento en temas tributarios.

Ya en 1822 se establece un régimen de rendición de cuentas, otorgándole a la Contaduría General la facultad de requerir la representación de las mismas y de juzgar primariamente la responsabilidad de los administradores de caudales públicos. Como complemento de ello, y para resolver en definitiva los juicios de responsabilidad derivados del análisis de las cuentas, se instituye el Tribunal de Cuentas de la Provincia, presidido por el Ministro de Hacienda e integrado por el Contador General y el Tesorero General de la Provincia.

Recién con la sanción de la segunda constitución provincial de 1873, la Contaduría General es reconocida como un ente de existencia necesaria, toda vez que su competencia pasa a tener raigambre constitucional, contemplando este plexo normativo, aspectos vinculados a su organización (forma de designar a sus titulares) y funcionalidad (de no autorizar curso de pago a aquella documentación que no esté reglada conforme a la Ley de Presupuesto o Leyes Especiales), este articulado se ha mantenido en sucesivas reformas constitucionales e inclusive en la última que data de 1994.

En 1890 la Legislatura sanciona la ley Nº 2337 conocida como la primera ley de contabilidad de la Provincia de Buenos Aires, por la que se le atribuía a la Contaduría General llevar la registración por partida doble, de las cuentas de entradas y salidas aprobadas por el Presupuesto General y ejercer tareas de fiscalización relacionadas con el movimiento financiero de la Hacienda Pública.

En 1905 se dictaron normas complementarias a la referida ley, instaurándose, a partir de entonces, las llamadas "Habilitaciones", que fueron las precursoras de las actuales Direcciones Generales de Administración ministeriales, con lo cual el cometido de la Contaduría General de la Provincia cobró mayor relevancia, porque a las tradicionales funciones de registro y control, se le incorporaron tareas de interpretar las normas reguladoras del quehacer administrativo-contable y económico-financiero.

Recién en 1943 se sanciona la segunda ley de contabilidad, concediéndole a la Contaduría General de la Provincia el poder de hacer uso del ejercicio de oposición a todo acto administrativo que contraríen o violen disposiciones legales o reglamentarias. También, le otorgaba una mayor solidez en cuanto a su funcionamiento y organización interna, garantizándole identidad propia. La responsabilizaba en llevar el registro de funcionarios y empleados públicos de la Provincia.

La tercera ley de contabilidad aprobada en octubre de 1948 bajo el Nº 5351, posibilitó la instrumentación del llamado sistema de control concomitante, situación que provocó la habilitación de Delegaciones Fiscales en todas las dependencias centralizadas y descentralizadas de los tres Poderes del Estado.

Las restantes reformas de la ley de contabilidad, ocurridas en los años 1957, 1960, 1969 y 1971, no dieron lugar a variantes significativas en cuanto a la funcionalidad del organismo, de aquellas descriptas anteriormente.

Marco legal

La coexistencia de los distintos Organismos de la Constitución es una de las características más relevantes de la organización del Estado Bonaerense, porque conforma un cuadro orgánico que coadyuva al equilibrio armónico de los Poderes tradicionales en el sistema republicano. La Contaduría General de la Provincia, conjuntamente con la Tesorería General, Fiscalía de Estado, y el Tribunal de Cuentas, son los órganos encargados de velar por la integridad del patrimonio estatal, a cuyo efecto la propia Constitución le reconoce un marco de estabilidad que se traduce en el mecanismo especial que rige a los fines del nombramiento de los respectivos titulares.

Con tal propósito, el artículo 82º de la Constitución Provincial prescribe que el "el Senado presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo y le presenta una terna alternativa para el nombramiento del Contador General y Sub Contador de la Provincia", estableciéndose el modo de elección y el respectivo ámbito de su actuación.

En el caso particular del Contador y Sub Contador General de la Provincia, la metodología aplicada desde 1873 hasta el presente reconoce la facultad del Poder Ejecutivo de proceder a la designación de ambos funcionarios por el término de cuatro años, dándole suficiente estabilidad para desempeñar el cargo con la independencia de criterio que corresponde a todo órgano de contralor.

El marco legal se completa con la ley orgánica Nº 8827 donde se determina la competencia del organismo con relación a la totalidad de las reparticiones que integran el gobierno provincial, de manera que comprende a las dependencias de los tres Poderes del Estado y los restantes Organismos de la Constitución, definiendo como funciones liminares las de asesoramiento, control interno, registro e información de la gestión económica financiera de la hacienda Pública Provincial, con independencia funcional en el desempeño de su misión específica. De igual modo, la Ley de Contabilidad vigente que lleva por número 7764/71 estipula que "todos los actos u operaciones comprendidos en la presente ley, deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse contablemente de modo que permita la confección de cuentas, estados demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento", tarea ésta que se instrumenta a través de la rendición de cuentas y es representativa de la integración funcional que se establece entre la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas, ya que es el punto de partida del "juicio de cuentas" a que debe someterse todo funcionario responsable de la administración de fondos públicos.

Este mismo cuerpo legal, al referirse al registro de las operaciones determina el ordenamiento de la contabilidad pública, a través del sistema financiero, que comprende a la contabilidad presupuestaria y de movimiento de fondos y valores, y a través del sistema patrimonial que se conforma con el registro de los bienes del estado y el registro de la deuda pública.

Como complemento de estos sistemas, la Contaduría General de la Provincia lleva los registros necesarios para el control de los cargos y descargos que se formulan a las personas o entidades obligadas a rendir cuentas de fondos, valores o bienes administrativos por cuenta del Estado. De este modo vuelven a entrelazarse los Organismos de la Constitución ya que los pagos por Tesorería habilitan la formulación del cargo al respectivo responsable, mientras que la rendición de cuentas por parte de éste se traduce en el registro del descargo, quedando habilitado el proceso de control a través del "juicio de cuentas" que practica el Tribunal de Cuentas.